Por: Francisco Martín Moreno

El sorprendente desalojo con el uso de la fuerza pública de la mina de Cananea, Sonora, ocupada ilegalmente, desde el 2007, por trabajadores del Sindicato Minero, evidencia la decisión de Javier Lozano, Secretario del Trabajo, de regresar, al menos en una parte del país, al extraviado Estado de Derecho. La huelga se había declarado inexistente por las autoridades, se habían agotado todas las instancias judiciales y se había dictado un laudo en el que se daban por terminadas las relaciones laborales y, sin embargo, como suele acontecer en el país, un grupo de rufianes dirigidos a la distancia por un prófugo de la justicia, como lo es Napoleón Gómez Urrutia, mantenían secuestrada a la empresa, de la misma manera que otros sindicatos del sector público, como el de PEMEX o CFE o SEP, tienen secuestrado al país.

Llama poderosamente la atención que después del anuncio de la inversión de 58 mil millones de pesos para revivir a Cananea dentro de un proyecto financiero en el que está involucrada la empresa, el gobierno local y el gobierno federal y de que dicho proyecto generará miles de empleos y de riqueza regional y nacional, todavía salga Carlos Navarrete, del PRD, presidente del senado, pidiendo la renuncia de Lozano. ¿Pretende Navarrete oponerse a la liberación de una fuente de trabajo que generaba importantes divisas para el país, rechazar la inversión de decenas de miles de millones de pesos, ignorar las determinaciones de nuestros máximos tribunales y cancelar la creación masiva de empleos? ¿Este legislador extraído, por lo visto del paleolítico tardío, se atreve siquiera a exigir la renuncia de Lozano cuando ha sido de los muy escasos funcionarios del gobierno federal que ha empeñado hasta su integridad física a cambio de la imposición del Estado de Derecho? ¿A dónde iríamos con un Carlos Navarrete como presidente de la República, en la inteligencia de que ya anunció su postulación, cuando era la obligación de la autoridad de desalojar a los mineros facinerosos en acatamiento a una disposición judicial? ¿Navarrete pide la renuncia de Lozano porque está cumpliendo con la ley? ¿Este “representante popular” pretende ser Jefe de la Nación y jurar defender la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen, cuando, en principio y de entrada, comienza por lucrar políticamente cuando un funcionario de excepción resuelve comportarse dentro del imperio de la ley para dar garantías políticas a los inversionistas mexicanos y, por supuesto, a los extranjeros que tanto lo necesitan?

La autoridad judicial había concluido con su responsabilidad al emitir un laudo inapelable. Al Poder Ejecutivo le correspondía la ejecución de ese laudo y nadie se atrevía a ejecutarlo por cobardía, para cumplir con la norma y devolver la empresa a sus propietarios que ya habían perdido 3,200 millones de pesos en 34 meses, así como 350 empleos directos y más de 1,500 indirectos. La CFE había dejado de percibir 1,800 millones de pesos, el gobierno federal había dejado de recaudar 1,700 millones de pesos por concepto de pago de impuestos, además de verse frenado una derrama de 2,000 millones de pesos en diversas actividades económicas regionales y nacionales. Cananea representa el 20% de la producción nacional de cobre que ahora finalmente se ha recuperado con una decisión valiente y patriótica de uno de los muy escasos funcionarios que cumplen con su papel de acuerdo a la ley y a su ética personal.

¿Qué hacer cuando una fuente de trabajo que genera impuestos y divisas, además de propiciar una importante derrama económica en el país, es secuestrada por una pandilla de mineros financiados por un sindicato mafioso que no ha entendido ni entenderá el significado de la ley ni mucho menos el de la patria? ¿Qué hacer? Era muy fácil: Impedir que dichos rufianes siguieran lastimando a empleados y a sus familias, a la economía, al fisco, a la sociedad, en general, para lo cual se debía  proceder al desalojo, con el uso de la fuerza pública de las instalaciones, para defender el patrimonio particular, al fisco y a la sociedad, obligación de todo gobierno que se respeta.

Si todos los funcionarios cumplieran con sus obligaciones contenidas en la ley, desde luego que tendríamos el país que creemos merecernos. Lozano se la jugó políticamente. Lozano expuso su integridad física y familiar tal y como lo hizo con otra cáfila de bandidos, como, sin duda lo eran los dirigentes del SME que le costaban al país 42,000 millones de pesos al año y, por cuya oportuna desintegración, las fuerzas fascistas de México, que no las de izquierda, también pidieron la renuncia de Lozano. Navarrete suena muy claramente a Chávez…

He sido un crítico feroz de la actual administración, sin embargo, en esta ocasión, me quito el sombrero y aplaudo esta valiente determinación del Jefe del Estado mexicano inspirada en su Secretario del Trabajo. Si en los dos años que quedan de la presente administración Calderón decidiera, junto con Lozano, purgar al país y a las mafias sindicales de sus secuestradores, se habrían ganado, con el debido respeto, el bien de la patria. Bravo, bravísimo señor presidente Calderón y más bravo, bravísimo para el Señor Secretario del Trabajo. Vaya para allá mi más emocionado homenaje desde esta humilde columna.