Por: Francisco Martín Moreno

Invito al amable lector que pase la vista por estas líneas a que trate de responder la siguiente pregunta: ¿Por qué los cientos de miles de millones de dólares que nuestros poderosos socios de América del Norte invierten cada año en Asia, una gigantesca derrama económica con la que benefician concretamente a los famosos Tigres del Pacífico, no la canalizan hacia México? Si la respuesta fuera por el costo de la mano de obra debemos recordar que en México existen, por lo menos, 45 millones de compatriotas sepultados en la miseria, quienes subsisten penosamente sin percibir cuando menos 2 dólares al día… Si no es el costo de la mano de obra ni la habilidad manual porque en EU los empresarios agrícolas y de la construcción se disputan el talento mexicano, entonces la explicación debe encontrarse en otros factores no debidamente analizados, entre los que debe descartarse la distancia geográfica…

¿Qué efecto mágico se produciría en nuestra economía si los cientos de miles de millones de dólares que EU y Canadá invierten fundamentalmente en Asia fueran canalizados a México nada menos que cada año? ¿Por qué no logramos acaparar esos recursos cuando constituimos economías complementarias en los términos del TLC? Nuestros socios requieren de mano de obra barata, buena y además cercana y México reúne los tres requisitos de manera sobrada. Entonces, ¿por qué esas inversiones multimillonarias no se hacen en nuestro país, limítrofe con EU? De la atinada respuesta a este cuestionamiento depende el bienestar de muchos millones de mexicanos. Una primera explicación se encuentra en la ineficiencia de nuestro sistema judicial, así como en las leyes paternalistas y anacrónicas vigentes en nuestro país, las mismas que, en la especie, rigen las relaciones obrero-patronales alejadas de nuestra inserción en un mundo globalizado en el que las normas laborales, entre otras tantas, deben adecuarse a un contexto mundial. ¿No se adecuaron los aranceles?

Es bien sabido que uno de los argumentos que más esgrimen nuestros socios del TLC es la ausencia de seguridad jurídica como ingrediente fundamental de un Estado de Derecho. Los empresarios saben que un conflicto judicial en México puede ser eterno o bien resolverse a periodicazos o a billetazos o por medio de influencias, por lo que es fácil concluir que uno de los grandes obstáculos que impiden la concurrencia de la inversión extranjera en México es, precisamente, la insolvencia y corrupción prevaleciente en nuestro sistema judicial. Resulta también evidente la ausencia de promotores inteligentes y audaces que no se empequeñezcan y se atrevan a hablar sin complejos de inferioridad, entre otros más, con las autoridades de la secretaría de Estado y de Comercio para estimular el comercio entre ambos países, tal y como se detonó a partir de la suscripción del TLC.

Si partimos del supuesto de la existencia de bloques comerciales mundiales, tal y como acontece en la Unión Europea y en Asia sin los mismos formalismos constitucionales, ¿por qué entonces no promover la expansión de un tercer bloque, el latinoamericano, a lo largo de las conversaciones con el Presidente Obama? Si se promoviera la construcción de una nueva “Alianza para el Progreso”, según lo propuso el presidente Kennedy a principios de los años 60, el bloque latinoamericano podría sorprender a propios y extraños con un crecimiento y un desarrollo económico inimaginable. Ellos tienen lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos lo que ellos necesitan: nos necesitamos… ¿Cuál hubiera sido la suerte de América Latina si en lugar de dilapidar 700 mil millones de dólares en la criminal invasión armada en Irak, se hubieran invertido en la construcción de un bloque comercial latinoamericano? ¿Cuál problema migratorio? ¿Eh…?
Durante las conversaciones con Obama se debería plantear la conveniencia de aprovechar las economías complementarias entre México y EU. Una vez obtenido el diagnóstico y pactadas las condiciones recíprocas a través de un acuerdo bilateral, se tendrían que modificar las leyes mexicanas, sanear y eficientar nuestro sistema judicial para originar el arribo de una caudalosa cascada de cientos de miles de millones de dólares para crear millones de empleos en nuestro país, con lo cual disminuiría sensiblemente el problema migratorio, uno de los problemas más acuciantes y complejos que acaparan la agenda bilateral, además de extinguir miles de mechas encendidas, las de los marginados y su justificadísima impaciencia.

El reto consiste en lograr la modificación de las leyes laborales y del sistema de impartición de justicia para que, de esa suerte, se capten cientos de miles de millones de dólares, con los cuales se cambiaría abruptamente la ruta de colisión que temerariamente llevamos hacia un nuevo colapso por ineficiencia, cobardía, ineptitud o apatía, u otros complejos que aquejan a los actuales dirigentes de nuestra clase política. ¿Dónde está el reformador? ¡Se busca a un estadista mexicano! ¿Dónde está…?

Por: Francisco Martín Moreno

Todo comenzó cuando, todavía en las goteras el siglo XX, los vecinos —ciertamente los adinerados de la muy noble y leal Ciudad de México— empezaron a restringir la libre circulación en las calles donde se encontraban ubicadas sus inexpugnables residencias y sus ostentosos condominios mediante la colocación arbitraria de rejas custodiadas por uniformados, quienes filtraban cuidadosamente la entrada de terceros siempre y cuando hubieran podido identificarse y justificar el motivo de su visita. Los guardaespaldas ganaban más dinero que muchos profesionales con todo y sus títulos universitarios. Los vehículos blindados formaban ya parte del paisaje urbano. Proliferaban pequeñas garitas para limitar el acceso de personas ya no sólo a las calles y más tarde a las colonias, sino a las zonas residenciales más ricas de la ciudad como si se tratara de controles migratorios impuestos por otro país.

Se limitó el acceso de “sospechosos” a las marmóreas tiendas donde los modistos franceses exhibían los últimos gritos de la moda europea. La ciudad se dividió los “mal vestidos o mal intencionados” no pudieron ingresar a los espléndidos supermercados aromatizados y saturados de inaccesibles comestibles importados, a las deslumbrantes agencias de automóviles extranjeros puestos a la venta bajo magníficos reflectores de luz blanca y resguardados de la intemperie tras enormes aparadores de vidrio.

Las fronteras del DF surgían por doquier cuando sólo algunos privilegiados podían acercarse a exclusivas joyerías custodiadas por policías armados y rudos, a las escuelas plurilingües de los hijos de empresarios y políticos multimillonarios, en general de piel blanca e invariablemente vestidos con costosas indumentarias y relojes con precios superiores a los cinco dígitos en dólares. El divorcio social entre los muchos Méxicos continuó cuando sólo algunos pudieron ingresar a las maravillosas salas de cine ubicadas en las colonias más caras de la capital, donde el costo del boleto superaba, en el mejor de los casos, el salario diario mínimo de un jornalero del país y se acentuó cuando los dueños de restaurantes se reservaron el derecho de admisión a sus lujosos locales vigilados con perros feroces y cámaras de televisión escondidas a la entrada, a los lados de menús inentendibles.

Si la Constitución establecía la garantía de libre tránsito, dicha regulación no pasaba de ser un buen propósito más, un buen deseo, cuya realización o materialización dependía, como siempre, de los estados de ánimo de los representantes de la autoridad en turno.

Nadie se percató oportunamente que los cuerpos policíacos y, en general el poder público, se había prostituido en el seno de una sociedad cerrada, cerradísima durante los 30 años “dorados” de dictadura porfirista, más otros 70 de insufrible tiranía priísta perfecta o imperfecta. Nadie se percató, según dicen los chinos, que lo primero que se pudre en el pescado es la cabeza y que, en un gobierno podrido donde es imposible distinguir entre asaltantes y políticos o entre delincuentes y secuestradores y policía judicial y ministerios públicos, la impunidad y el crimen adquieren carta de naturalización… Nadie se percató de la trascendencia social de apostar al “tapado” durante 70 costosísimos años de involución política ni de los riesgos de regirnos por los estados de ánimo de los presidentes de la República en turno ni del peligro de vivir fuera del Estado de derecho ni se anticipó el costo de la frivolidad política ni de los fraudes electorales ni de la corrupción pública y privada que atentaban en contra nosotros mismos ni de la existencia de muchos Méxicos que, tarde o temprano, se enfrentarían por diferencias económicas.

El México medieval del siglo XXI empezó a surgir cuando los vecinos restringieron arbitrariamente el paso en las calles. Acto seguido clausuraron también las avenidas y, a continuación prosiguieron con las manzanas para terminar con un bloqueo en las colonias habitadas por la gente rica de la ciudad. Por doquier aparecían muros como el de Berlín, enormes y kilométricas alambradas electrificadas para proteger a un número reducido de capitalinos y sus ostentosos bienes sin necesidad de contratar guardaespaldas ni de sufrir preocupación alguna en relación a su integridad física y a la de los suyos.

Los perros Doberman custodiaban las bardas junto con policías privados. Para ingresar en ciertas zonas se requería la previa identificación de las huellas digitales ante registros computarizados ubicados en cientos de garitas, controles fronterizos, aduanas migratorias, enlazadas con las residencias sujetas a visita. Surgieron tantos autogobiernos como zonas amuralladas empezaron a darse en la ciudad. Cada área recaudaba sus propios impuestos para que instituciones privadas creadas por los vecinos se encargaran del gasto en términos de un presupuesto autorizado por la comunidad. Los mexicanos volvían a demostrar que eran incapaces de autogobernarse, tal y como aconteció a principios del siglo XIX.
(Continuará)

Por: Francisco Martín Moreno

La semana en curso apareció en la prensa nacional la fotografía de un “príncipe” de la iglesia, en este caso, Monseñor Carlos Aguiar, cuando arribaba a su nueva casa pastoral, la catedral de Tlalnepantla a bordo de un BMW convertible. Monseñor Aguiar —quien curiosamente lleva el mismo apellido de Francisco Aguiar y Seixas, precisamente el arzobispo de México, el cavernícola que acabara con la obra y en buena parte con la vida de la Décima Musa, nuestra inolvidable Sor Juana Inés de la Cruz en 1695— no tuvo empacho alguno en llegar a la nueva arquidiócesis en un ostentoso automóvil de manufactura europea con el que se podrían haber construido por lo menos 10 escuelas rurales. Es obvio que el alto prelado cumple con los votos de pobreza predicados por Jesús…

En este orden de ideas y sobre el entendido de que ya deberíamos estar festejando los 150 años de la promulgación de las leyes de reforma en Veracruz en 1859, sería conveniente que la mayoría del Congreso de la Unión legislara en torno a la transparencia financiera de la iglesia católica mexicana, de tal manera que la nación conociera el origen y la aplicación de los recursos que dicha institución obtiene de todas sus actividades comerciales y lucrativas disimuladas por medio de limosnas y donativos entregados por la feligresía.

No es posible ignorar que la iglesia católica se opuso a las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917, además de haber financiado la Guerra de Reforma y la Rebelión Cristera, como tampoco se debe pasar por alto que en el siglo XIX contaba contaba con una capacidad presupuestaria 6 veces mayor a la del gobierno federal y que operaba bancos e hipotecarias conocidos como Juzgados de Capellanías y Obras Pías, en realidad financieras que prestaban las mismas limosnas recaudadas de los feligreses a tasas de interés agiotistas que ya hubieran envidiado los judíos usureros de los barrios bajos de Londres en los propios siglos XVIII y XIX. Sí, en efecto, se trataba de un estado dentro de otro estado. Si Juárez decidió promover la educación laica es porque entendió que con la impartición de la educación religiosa comenzaba el ciclo económico e inmensamente lucrativo de la iglesia. Los servicios no eran gratuitos, se prestaban a cambio de dinero en efectivo y al riguroso contado. El niño que hubiera caído en manos clericales enriquecerá a la iglesia católica cuando sus padres o él mismo paguen los aranceles impuestos por dicha iglesia para ser bautizados, cumplir con la primera comunión, la confirmación, el enlace matrimonial, las bodas de papel, de plata, de oro hasta llegar a la extremaunción.

El nuevo católico incrementará el patrimonio clerical los días en que escuche las homilías o asistan de las misas de muertos o a las celebraciones de los santos, vírgenes y beatos o compre la indulgencia eterna y un lugar en el paraíso a cambio de un cheque de siete o más dígitos… La iglesia católica no le rinde cuentas al fisco ni a la sociedad ni tal vez al propio Papa, a quien seguramente le escamotearán una buena parte de sus limosnas, las necesarias para no perder el sueño sin pensar en el No Robarás…

¡Claro que Juárez salvaguardó a la niñez evitando que ideas abstractas que no resisten el menor análisis racional pudieran envenenar la mente de los menores! Sabía que las religiones estaban corrompidas y se habían convertido en una trama de cuentos y de leyendas, de absurdos, aberraciones y confusiones con las que se intentaba envolver la inteligencia y el corazón de los niños para poder manejarlos a su antojo invariablemente con fines bastardos. ¡Claro que Juárez suprimió el monopolio de las creencias católicas! ¡Claro que Juárez atacó la raíz del dogma para que éste fuera sometido a crítica con ideas filosóficas y científicas apartándose de la exégesis de lo revelado! ¡Claro que Juárez canceló las celebraciones religiosas pueblerinas porque los municipios se gastaban hasta un 90% de su presupuesto en fiestas orientadas a festejar a los santos que cada día la iglesia católica inventaba con mayor éxito para lucrar con la estupidez, la ignorancia y el miedo de los feligreses!

El gobierno debe obligar a la iglesia católica a declarar todos sus ingresos. La transparencia debe alcanzar a la iglesia católica para que la nación conozca el origen y el destino de sus recursos y efectivamente todos seamos iguales ante la ley y nadie escape a la obligación de pagar impuestos para ayudar al financiameineto del gasto público. Cómo olvidar cuando un arzobispo del Bajío declaró: “En esta santa casa, la casa de Dios, se purifican las limosnas pagadas por los narcotraficantes…” ¿Si en la actualidad los narcos le piden a Dios que los ayude a introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, por qué razón algunos templos, inexpugnables al fisco, no podían haberse convertido en eficientes centros de lavado de dinero negro?

¿Por qué Jesús habrá expulsado a los fariseos del templo llamándolos “raza de víboras…”?