Es de entenderse el nivel de hartazgo y de frustración que padecen los grandes empresarios regiomontanos. Están hartos del PRI, el origen de todos nuestros males y del PAN, un instituto político que logró demostrar hasta el cansancio su incapacidad para gobernar y lograr el cambio tan prometido como esperado. En los hechos uno ha resultado peor que el otro y viceversa ¿Como refutarlos? ¿Con qué argumento tratar de convencerlos de que su concepción de la realidad está equivocada? Les asiste la razón y su desesperanza e impotencia son mucho más que justificadas.

Solo que si en su desesperación piensan que la llegada de López Obrador al máximo poder federal implicará la solución de todos nuestros males, pues lamento mucho informarles que, en el caso de que lo anterior remotamente pudiera materializarse, solo se producirían más daños y perjuicios si no se pierden de vista las posturas políticas y las decisiones económicas, así como el gobierno que López Obrador llevó a cabo en la ciudad de México. ¡Qué distinto hubiera sido el futuro político de este tabasqueño iracundo que ahora se presenta disfrazado de Carmelita Descalza, si cuando perdió las elecciones de 2006, en lugar “de haber mandado al diablo a las instituciones de la República”, hubiera reconocido democráticamente el triunfo electoral de Calderón, cuyo resultado fue avalado por la existencia de un millón de compatriotas que contaron los votos en las mismísimas urnas. ¿Cuál fraude electoral si sus abogados jamás pudieron demostrarlo ante las autoridades judiciales federales? Si este furioso personaje hubiera reconocido su derrota en el 2006, hoy contaría con el reconocimiento de todos los sectores del país, como en su momento lo disfrutaron Mitterrand y Lula en sus respectivos países, en lugar  de colocarse la banda tricolor en el pecho como un auténtico orate y ordenar un bloqueo interminable en el Paseo de la Reforma. ¿Se puede pasar por alto esta decisión que lastimó severamente a la izquierda que a la fecha continúa con la mala imagen que reflejan las encuestas?

Este colérico y otra vez precandidato a la Presidencia de la República, ¿ha cambiado en tan solo 5 años y ahora se presenta como el generoso padre protector de todos los mexicanos, comprensivo, amable, buen cristiano, visionario, amante de los empresarios y promotor de la creación de empleos privados?

No nos engañemos, en la campaña electoral de Encinas, AMLO le ordenó a éste que, de llegar a convertirse en el gobernador del Estado de México debería volver a contratar cuando menos a 30 mil ex empleados del SME que solo le costaban al erario público casi 50 mil millones de pesos al año con independencia de que el SME se había convertido en una de las peores pandillas de que se tenga noticias en la historia sindical de México. AMLO se niega a una coalición gobernante, la única solución para salir de la parálisis legislativa que padece México. ¿Ya se olvidó el “Juanitogate” con el que engañó a la delegación de Iztapalapa y a las instituciones electorales del DF? ¿No fue un acto arbitrario e ilegal para burlar el sistema electoral así como una agresión abierta al jefe de gobierno? ¿Ya se perdió de vista cuando su chofer ganaba 80 mil pesos y su propio hijo se presentaba en los mítines en donde exigía justicia social con unos tenis de 11,500 pesos o se olvidó que el costo de construcción del segundo piso en la ciudad de México se ocultó al escrutinio público por 12 años por razones inconfesables? ¿A qué se deberá que AMLO se haya negado de manera recurrente a explicar de dónde ha sacado la enorme cantidad de recursos que ha utilizado en los últimos 5 años para organizar viajes, mítines e intensas campañas publicitarias por el interior del país? ¿Dinero negro en un supuesto socialista? ¿Esa es la “Honestidad Valiente” que pregonó en su campaña? ¿O la “Honestidad Valiente” es la que representó su Secretario de Finanzas apostando recursos públicos en Las Vegas o la de Bejarano, el Señor de las Ligas, su actual asesor, cuando se le sorprendió guardándose miles de pesos en los bolsillos? ¿Nada cuenta? ¿Acaso no es evidente que AMLO ha roto lazos y cualquier posibilidad de diálogo con los principales partidos políticos tal y como lo hizo con los empresarios tan sólo 5 años atrás? ¿Este feroz enemigo de la democracia incluyente es el político negociador que México necesita para construir un mejor futuro? ¿En su gabinete estarán Sus colaboradores son Martí Batres, Bejarano, Dolores Padierna, Fernández Noroña? ¿No acusó al TEPJF de operar bajo el manto de la “mafia político financiera” que se ha convertido en su nueva “bestia negra”? ¿Ya se les olvidó que gobernaría con recetas sacadas del bote de la basura a pesar de su repentino discurso engañoso?

López Obrador NO es el político de vanguardia, el estadista que va a proponer la evolución del TLC para acercarnos a una Unión Americana que nos acerque al patrón de la Unión Europea. No habla inglés ni tiene una visión clara del mundo. ¿Él va a llevar a cabo las reformas estructurales, un IVA generalizado para gravar la informalidad y aumentar la recaudación, abrir Pemex a la inversión privada nacional o extranjera, tal como ya lo hizo el coma-andante en Cuba? No nos dejemos engañar el peligro mucho más que justificado está ahí presente, para quien no se deje engañar y tenga buena memoria: Remember Chávez…

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Esta semana compareció Javier Lozano, Secretario del Trabajo, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en San Lázaro, oportunidad que aprovechó el alto funcionario para dejar asentadas diversas verdades del tamaño de un templo que, por supuesto, despertaron el malestar y en algún caso la ira del máximo de los legisladores trogloditas, cuyo cuarto talón de Aquiles, sin duda alguna, es la vulgaridad. ¿Cuarto…?

En dicha reunión Lozano afirmó lo siguiente: “Me queda claro que ustedes salieron buenos para criticar, pero malos para legislar.” Esta primera afirmación es incompleta, según mi punto de vista, porque no solamente salieron buenos para criticar, si no también buenos, buenísimos para cobrar y desperdiciar el esfuerzo tributario que lleva a cabo la nación para mantener un congreso incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Lo anterior se demuestra desde que estos “presuntos” legisladores no han ni discutido, las reformas estructurales que demanda el país como un enfermo terminal exige la mascarilla de oxígeno. ¿Dónde está la reforma del Estado, la eléctrica, la petrolera, me refiero a la integral, la laboral, la fiscal y la de seguridad nacional, entre otras más? De modo que son muy buenos para criticar y mejores aún para cobrar traicionando aviesamente a sus supuestos representados, en la inteligencia de que diputados y senadores se representan a sí mismos.

Lozano demandó mejorar las condiciones de vida, el acceso al mercado laboral, los salarios, la economía formal y ser más atractivos como país para generar mayores inversiones, por lo cual, resultaba imperativo aprobar cuanto antes la reforma laboral que se encuentra estancada, entre otras más, en San Lázaro. Lozano fue más allá al afirmar que el PRI debería aprobar su propia propuesta, pero ni eso mismo se lograría en esta coyuntura electoral. Por ello señaló que tanto el gobierno federal como el Poder Legislativo deberían poner la parte que les corresponde para mejorar el salario, generar empleos e impulsar los incentivos en el sentido correcto. El responsable de la política laboral manifestó que nuestro país “ya está diagnosticado, ya le han dicho el problema que tiene y no le damos el medicamento que necesita.” ¿Porqué no se le da el medicamento que necesita? Por mezquindad, por cobardía o por corrupción política, en el entendido de que el PRI y las escasas fuerzas del PRD se niegan a conceder al gobierno en turno, el menor mérito en cualquier área con tal de que el panismo, hoy en caída libre, no incremente su escasísimo capital político.

Entre otras afirmaciones y ante los reclamos de diputados de la oposición y escuchando sorprendido los estruendosos sonidos guturales emitidos por el señor Fernández Noroña, quién calificó al secretario de trabajo de “canalla”, “arrogante”, “insensible”, “lacayo del poder”, “cara dura” y “miserable”, Lozano aseguró que “si hay alguien en este gobierno que ha trabajado, soy yo.” Cierto: como prueba ahí se encuentra pendiente, extraviada entre las curules de los legisladores burócratas, el proyecto de Ley del Trabajo propuesta por él, misma que está condenada al más escandaloso fracaso en razón de los intereses inconfesables de los legisladores de oposición. Imposible olvidar que Lozano decapitó a la compañía de Luz y Fuerza del Centro que le costaba al país casi 50 mil millones de pesos al año, recursos gigantescos con los que sueñan las universidades públicas para contar con una mejor educación en lugar de tirarlos a la calle para financiar a pandillas de trabajadores electricistas, sálvese el que pueda. Por si lo anterior fuera insuficiente todavía Lozano se atrevió a ordenar el desalojo de la Minera de Cananea que había sido secuestrada por un grupo insignificante de obreros sindicalizados que se oponían a la ejecución de un laudo emitido por la máxima autoridad judicial del país. Se trataba de hacer valer el Estado de derecho y lo hizo valer.

No intento adular a un funcionario, si no de demostrar en los hechos su eficiencia y valentía en el desempeño de su trabajo. En las más de 4 mil columnas que llevo publicadas hasta le fecha en muy contadas ocasiones he podido salir en defensa de un ciudadano ejemplar, un político destacado como lo es Javier Lozano.

¡Claro que los diputados mexicanos son malos para legislar! Si las casas encuestadoras investigaran cual servidor público, entre policías o diputados, se encuentran más desprestigiados, se tendría que declarar un empate técnico. La sociedad mexicana contempla con absoluto desprecio a sus diputados, otra vez, sálvese el que pueda. En su inmensa mayoría son vistos como “presupuestívoros”, según lo definía, con toda razón, Mauricio González de la Garza.

Es claro que se necesita promulgar la nueva Ley Federal del Trabajo no solo para crear condiciones laborales propias de un contexto económico moderno, sino para propiciar masivamente la creación de empleos, generar riqueza y ver efectivamente por el bienestar de la nación a través de la creación de millones de puestos de trabajo.

La mayoría de los diputados actuales son contemplados por la sociedad mexicana como auténticos traidores a la patria. Por todo ello, el peor insulto de nuestros días, el que se lanza de una ventana a la otra, de coche a coche, es: ¡Diputado! ¡Senador! Y con lo caro que nos salen…

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Si usted, amable lector que pasa la vista por estas líneas, se le ocurre evadir el pago de impuestos es muy probable que su conducta tenga como consecuencia la reclusión en una cárcel federal después de haber sido auditado por las autoridades hacendarias. De la misma forma, si usted deja de pagar el impuesto predial es muy probable que, con el tiempo, sea usted embargado por las autoridades locales y su casa sometida a una subasta pública. La cadena de ejemplos en este sentido puede llegar a ser interminable porque del incumplimiento de las obligaciones a cargo del ciudadano, impuestos por la autoridad, se pueden desprender multas, suspensiones de obra, arrestos, pérdida permanente de la libertad, privaciones de bienes, persecuciones y demás daños y perjuicios derivados de conductas ilegales. Es decir, la ley se le puede aplicar a los contribuyentes o a empresarios o personas físicas que no acatan estrictamente el contenido de las normas.

Todo lo anterior viene a colación porque la semana pasada los diputados federales, representantes populares adscritos al Congreso de la Unión, no se pudieron poner de acuerdo en la elección de tres ciudadanos, entre 110 millones de habitantes, que reunieran los requisitos de honorabilidad, objetividad, eficiencia, certeza jurídica y política imprescindibles para llegar a ser consejeros del IFE. Dichos diputados sí se ponen de acuerdo para impedir el avance de la reforma política o para aumentarse sus dietas irresponsablemente al extremo de insultar con sus ingresos injustificados a los 50 millones de mexicanos que lamentablemente subsisten sepultados en la miseria. Hace casi un año, el 30 de octubre de 2010, debieron haber nombrado a los consejeros de dicho instituto federal, pero hasta ahora no se ha logrado obtener mayoría calificada para legalizar la elección. ¡Horror! ¡Claro que les tiene absolutamente sin cuidado el punto de vista del electorado que los eligió al que, por otro lado, nunca le rinden cuentas de su actuación. ¿A quién representan entonces? Estos hechos, graves en sí mismos impactan aún más a la opinión pública desde el momento en que el propio Chuayfett, presidente de la cámara, reconoció ante los medios de difusión haber incumplido con la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no que la patria se los demande y bla, bla, bla…

Los diputados, de acuerdo a nuestra Carta Magna tenían la obligación legal de haber nombrado a los consejeros del IFE a más tardar el 4 de octubre de este año. No lo hicieron, incumplieron con la norma, incurrieron en responsabilidad oficial al haber ignorado y desacatado un dispositivo específico de la máxima ley que regula la convivencia entre todos los mexicanos. El IFE no volvió a quedar debidamente integrado de acuerdo a lo establecido por la ley y, sin embargo, los diputados al Congreso de la Unión no resentirán perjuicio alguno de la misma manera en que si acontece con los ciudadanos que no pagan sus impuestos. Dicha circunstancia nos conduce obligatoriamente a una conclusión: En México existen ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros, los diputados, pueden ignorar impunemente la ley, ya se trate de normas inferiores o de la propia Constitución, sin que exista autoridad alguna que los sancione, los multe, los enjuicie o los castigue hasta llegar al extremo de la pérdida de la libertad. Por si lo anteriormente fuera insuficiente, dichos personajes de la vida pública todavía disfrutan las gigantescas ventajas de un fuero, es decir, una licencia para cometer actos ilegales, de la que carece el resto de la nación. Los de segunda, los de a pie, los de banqueta sí podemos ser sometidos coactivamente al imperio de la ley, con lo cual se exhibe una gigantesca desventaja: ellos no conocen la existencia de un verdugo, nosotros sí.

Lo anterior es particularmente grave si no se pierde de vista que el IFE es una institución ciudadana, el órgano que no solo deberá organizar las próximas elecciones del 2012, sino que debe contar con la suficiente credibilidad para no tirar por la borda la construcción de un espacio de confianza cívica imprescindible para que la nación no sienta traicionada nuevamente su voluntad política. Imposible dejar pasar por alto que el crimen organizado se puede encontrar particularmente interesado en desestabilizar al país en el 2012 saboteando los comicios y, sin embargo, los diputados federales no parecen resentir la menor presión por esta circunstancia.

Claro que han surgido grupos de ciudadanos a interponer una demanda en contra de los diputados por desacato. Los legisladores, los que redactan las leyes, curiosa paradoja de nuestra vida política, son los primeros en no cumplir con la ley sobre la base que tienen muy bien montado el escenario para que nadie pueda sancionarlos por ello. Por supuesto, que les tiene sin cuidado el gigantesco costo que implica para nosotros, los contribuyentes, la existencia del IFE, un esfuerzo tributario enorme para ayudar a sostener una democracia que ellos sabotean y con la que lucran.

¡Ah!, se me olvidaba: la ley también establece que la medalla Belisario Domínguez debe ser entregada a más tardar el 7 de octubre y, claro está, tampoco se entregó y otra vez, claro está, sin consecuencia alguna. Al respecto no encuentro otra candidata que Olga Sánchez Cordero. Ella es inobjetable.

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A tan solo 10 días de su toma de posesión Calderón decidió echar mano del ejército para iniciar un ataque abierto al narcotráfico sin haber convocado previamente al congreso ni al poder judicial ni a las cámaras empresariales ni a las universidades ni a nuestros maestros ni a nuestros especialistas ni a la sociedad en general para lograr, como nación, un acuerdo conjunto para encontrar la mejor estrategia de cara a desmantelar a la así llamada “delincuencia organizada” con un nuevo gobierno que no estaba, desde luego, “organizado” para lograrlo.

La llegada de la pareja presidencial panista a los Pinos implicó la desaparición de todo el aparato de inteligencia nacional imprescindible para atacar con éxito al narcotráfico.

En este orden de ideas, Calderón necesitado de incrementar su capital político, mandó al ejército a las calles para ganar una guerra que es imposible ganar a balazos. Debe subrayarse que el PRI había utilizado a la delincuencia organizada para mantenerse en el poder con arreglo a pactos inconfesables. Hubo paz y armonía durante el priísmo gracias a las negociaciones que el tricolor llevó a cabo de manera inteligente y eficiente con la mafia. A la llegada del panismo, se rompieron las reglas y los acuerdos con los maleantes, asesinos y envenenadores de la sociedad mexicana. Nos quedamos sin controles ni pactos ni inteligencia, vacíos que los narcotraficantes supieron llenar a su máxima expresión. Como bien lo dice Eduardo Buscaglia, el PAN dejó de controlar, las alcaldías permanecieron aisladas, el estado mexicano se vio repentinamente fragmentado, las policías empezaron a formar parte de la delincuencia organizada que amplió agresivamente su campo de acción criminal hasta alcanzar 22 tipos de delitos superando por mucho al del simple tráfico de estupefacientes.

¿Va ganando la guerra Calderón desde que en 2006 se registraron 62 muertos que de una u otra forma tuvieron que ver con organizaciones criminales, siendo que en el 2011 el monto ya se eleva a 50 mil, ya sea que se trate de pleitos entre los rufianes en los que no se puede dejar de incluir a víctimas de la sociedad civil? ¿Por qué no se habla de los mil migrantes desaparecidos o de las mismas 13 mil personas, tal vez paisanos que se encuentran en la misma condición?

¿Vamos ganando cuando apenas se confisca el dinero negro que es el punto más débil del narco? De las decenas de miles de millones de dólares de recursos movidos por el narcotráfico, ¿en cuantas ocasiones se asestaron golpes puntuales  en las finanzas de los delincuentes? ¿Vamos ganando desde que el 65% de las campañas electorales existe el dinero de los narcos? ¿No es claro que dichos delincuentes están influyendo cada día más en la vida política de México? ¿Vamos ganando desde que el 99% de las detenciones no se llega a dictar una sentencia? ¿Vamos ganando desde que la violencia ejercida por el Estado mexicano no se ha traducido sino en más violencia a título de respuesta de las organizaciones criminales? Insisto en la tesis de Buscaglia: “lo importante no es lo que nos han hecho, sino lo que vamos a hacer con lo que nos han hecho”. Necesitamos un sistema judicial eficiente con unas agencias de Ministerio Público más eficientes aún que emitan sentencias firmes y que no se caigan antes de llegar a las puertas de los juzgados. Es inaplazable una política de prevención social, atender los factores de riesgo como la inclusión de niños de 12 años en pandillas. Cada menor de edad que abandona la escuela se convierte en una tentación para ingresar en la vida fácil, la del narcotráfico. Resulta imprescindible lograr un pacto nacional para agredir a la corrupción que devora el país. Mientras las instituciones republicanas no impartan justicia y se desarrollen en un contexto de venalidad, los narcotraficantes sabrán que seguirán siendo intocables. ¿Por qué no proceder entonces a la expatriación a Estados Unidos de cualquier rufián atrapado por negociar con la salud de los mexicanos?  ¿Por qué tenemos que mantener a estos pillos con recursos públicos mexicanos cuando buena parte estaban ocupados en exportar estupefacientes a Estados Unidos?

Desmantelemos el patrimonio de la delincuencia organizada en el sector legal de la economía que se encuentra penetrada hasta en un 67% por estos hampones, también de cuello blanco. Actualicemos los códigos penales para que los criminales modernos no sean juzgados con leyes antiguas, de tal manera que recurramos a medidas graconianas para liberarnos de este cáncer nacional.

Requerimos de autoridades diplomáticas dotadas de la suficiente personalidad como para denunciar ante el departamento de Estado norteamericano el patrocinio indirecto  de ese gobierno en el narcotráfico mexicano, tal vez, con la idea, como ya dio el gobernador Perry, de mandar   tropas norteamericanas a México para controlar supuestamente al narcotráfico y de ahí, claro está, someter al país en su conjunto.

Mientras México no se institucionalice y no logremos pactos de concertación nacional la legalización de narcóticos será un suicidio porque solo lograríamos estimular el mercado de estupefacientes. Si Calderón declaró la guerra sin una estrategia previa, salvo la de recuperar su capital político, es la hora de que todos los mexicanos nos tomemos de la mano para impedir que México se nos siga deshaciendo entre las manos como papel mojado.